Plano de ordenación pormenorizada del Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de Tenerife. 2010
En algunos países vivimos estos días sometidos a un exceso de regulación por parte de los distintos niveles que componen el estado. En el caso de España, donde el ordenamiento jurídico ligado al urbanismo y de las acciones que se ejercen sobre el territorio ha llegado a un paroxismo sin igual.
Confiar ciegamente en una legalidad urbanística profusa y compleja como una forma exclusiva para organizar el futuro, es un esfuerzo estéril que lleva al desencanto y la frustración, cuando no a la frustración. El urbanismo es una práctica que intenta anticipar el crecimiento de las ciudades mediante técnicas que son mucho más que las normas que lleva asociadas. En realidad, los planes urbanísticos deben ser un proyecto colectivo sobre el espacio que anticipen las tendencias futuras en un mundo en constante transformación. Y, también, inspirarse en el correcto análisis y el diagnóstico de las distintas realidades urbanas que tienen que ir acompañadas por una propuesta lo más precisa posible de la forma del espacio que se pretende anticipar.
En Roma ya decía Marco Tulio Cicerón que el exceso en las leyes favorece las corruptelas entre aquellos que deben aplicarlas. Desde la aplicación de los códigos napoleónicos y la extensión de esas prácticas por toda Europa se ha otorgado una gran confianza al significado dela ley. Lajusticia puede ser adecuada cuando las leyes en las que se sustenta son sencillas, lógicas y de una racionalidad evidente. En caso contrario, la interpretación de la legislación puede ser un galimatías que dé lugar a problemas mayores que aquellos conflictos que se pretendía encauzar. Es lo que ocurre hoy con la legislación del suelo que se aplica hoy en España.
Y es que el excesivo nivel de requisitos y condicionantes al que se ha llegado lastran terriblemente la actividad de aquellos que quieren hacer algún tipo de transformación espacial o modificación física. La tendencia a legislar ha sido algo lógico cuando se experimentaba un crecimiento desaforado de la especulación y cuando se construía en este país tanto como en el resto de Europa. Se trataba de atajar desmanes innumerables poniendo trabas administrativas y requisitos progresivos que nos han llevado a una paralización progresiva. En una situación de crisis como la actual, ese corsé se ha convertido en otro elemento más que está impidiendo una recuperación de una actividad normal ligada al mercado inmobiliario y el sector de la construcción.
En el caso de la administración de lo común y del otorgamiento de autorizaciones para las actividades urbanísticas y territoriales, las malas prácticas legales pueden conducir a la parálisis administrativa cuando no a la corrupción generalizada. En el estado autonómico español inciden al menos tres administraciones en la administración del territorio y la aplicación de la legalidad asociada: organismos centrales del estado, dependencias autonómicas y ayuntamientos. Junto a ellos, numerosos organismos a los que se les han otorgado competencias sectoriales específicas y que ejercen su autoridad delegada de una manera cuasi despótica y sin control democrático. A lo anterior, se añade en algunos casos, la acción de empresas que tiene un carácter de monopolio insoslayable y de las que se depende para el suministro de bienes esenciales. Y que, si bien estuvieron bajo la tutela directa del estado hasta hace pocas décadas, una concepción fantasiosa y claramente ideologizada ha llevado a su privatización masiva con graves consecuencias para la calidad de los servicios y una expansión desmesurada e injustificada de las tarifas que aplican. Como ocurre también en numerosos otros países con el suministro eléctrico, el abastecimiento de aguas, la telefonía, etc.
Por poner un ejemplo de esta situación perjudicial para el conjunto de la sociedad, en muchos lugares de los Estados Unidos, la obtención de un permiso de edificación requiere la concertación del promotor con una extensa serie de actores. El control para garantizar unos enganches adecuados y no perjudiciales para las redes subterráneas implantadas obliga a la obtención de una conformidad previa de esas compañías suministradoras de gas, electricidad, etc. Así mismo, muchos estados y municipios norteamericanos exigen que los constructores aporten datos y justificaciones de todo tipo como estar al corriente de impuestos y tasas, seguros de construcción y para el uso de vehículos de carga, etc.
Mapa de Estados Unidos en el que se muestran los mejores y peores estados en relación a la autorización de negocios y obtención de licencias urbanísticas. Fuente: Thumtack, citado por The Economist
Una investigación de Thumbtack (una empresa de servicios en la red dedicada a informar sobre la calidad de los profesionales y servicios en los Estados Unidos), los peores lugares para el ejercicio de la actividad inmobiliaria y de edificación están en California, Illinois, Vermont, Rhode Island y Maine. Ello es debido, principalmente, al alto coste de los impuestos aplicables. Al contrario, los estados que dan más facilidades son los situados al noroeste y algunos sureños encabezados por Texas.
Es un hecho generalizado y la estrategia habitual entre las distintas administraciones considerar que para atraer actividad económica la oferta de rebajas de impuestos es la mejor opción. Se hace caso omiso así a que las dificultades administrativas son la principal obstáculo para el inicio de negocios que requieren de una implantación física. Los engorros burocráticos suelen ser una barrera muchísimo más importante y costosa en tiempo y dinero que los posibles descuentos en los gravámenes que puedan existir.
En consecuencia, una estrategia más hábil para el fomento de la economía, del comercio local y la posible implantación de industrias y sedes empresariales estriba también en facilitar la tramitación administrativa de permisos eliminando requisitos innecesarios. De acuerdo a Thumbtack, en muchos lugares de los Estados Unidos es más importante para la elección de localizaciones de negocio el acceso rápido a la información necesaria y la colaboración del personal administrativo que la existencia de impuestos altos.
Sorprendentemente, muchos estados de EEUU requieren licencias para el ejercicio profesional en numerosas actividades. Según un artículo titulado Red tape blues aparecido en el semanario The Economist, en Louisiana, por ejemplo, es obligatorio un reconocimiento público para el ejercicio de la mayor parte de los trabajos, incluyendo algunos de baja cualificación como peluqueros, camareros y jardineros que precisan obtener un reconocimiento previo. En principio, parecería lógico exigir un nivel mínimo de competencia para evitar errores que puedan afectar a la seguridad de las personas, pero exigir un reconocimiento legal otorgado por el estado para el ejercicio de gran número de actividades es un error.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, los mal llamados planes de ordenación urbanística que se aplican en España se han ido convirtiendo en una traba formidable para lograr estimular una implantación adecuada de actividades económicas. Si a ello añadimos que el sistema procedimental que se suele usar ha ido engrosándose con el tiempo para garantizar la mayor participación colectiva, la mejor defensa de los valores ambientales y una extensa preocupación por la seguridad jurídica, podemos concluir que el sistema de planificación al uso en este país ha llegado al punto de la inviabilidad. Los requisitos para la obtención de licencias de edificación se han transformado en un serio obstáculo debido a la baja calidad y el exceso de complejidad interpretativa de la normativa urbanística y las ordenanzas de aplicación que existen habitualmente en los municipios. Sería interesante conocer el impacto económico que produce la aplicación de las normas y requisitos urbanísticos antes de que sean aplicados. Un ejercicio que no se suele practicar y que ha llevado a una importante distorsión en la relación entre los ciudadanos y las administraciones que gobiernan el territorio.
Toda esta maraña legal relacionada con el urbanismo está dificultando la expansión de la economía de la información. En este sentido, las administraciones públicas españolas llevan por lo general un retraso considerable que hace muy difícil interactuar a través de Internet. Sin embargo, en la expansión de lo digital y las estrategias colaborativas a través de las redes se está intentando ofrecer una mayor información para la difusión de todo tipo de trabajos técnicos y servicios. Es lo que ocurre con ese tipo de plataformas -como Thumbtack en Estados Unidos y Guudjob en nuestro país- que informan sobre la calidad de los profesionales y las empresas a través de su evaluación por los propios clientes a los que han servido.
Más información:
Red tape blues. The Economist 05/07/2014
Thumbtack. Accomplish your personal projects. Comparador norteamericano de profesionales
Guudjob. Valorar y encontrar profesionales
El mosaico de zonificación en el documento del Avance de Planeamiento del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. 2013
